Milagro Lohezic permaneció en silencio. En poco más de tres horas, la joven que denunció haber sido acosada desde hace varios, tuvo que soportar dos audiencias en poco más de tres horas y media. Dos debates que tuvieron el mismo final: ordenar que Pablo Luciano Ranieri, acusado de lesiones leves a la salud mental, permaneciera detenido.

Ya son cinco las audiencias que se realizaron por este caso en 25 días, es decir, en promedio una cada cinco jornadas. “Muchas veces las personas se preguntan por qué las víctimas no se atreven a denunciar o seguir adelante las causas. Esta es una clara respuesta”, dijo Luciana, allegada a la víctima. “Me pongo en su lugar: viene de vivir una pesadilla y ahora esto. Me imagino que no le debe resultar para nada agradable”, añadió la joven que no quiso dar a conocer su apellido por temor.

“En las dos audiencias, los magistrados intervinientes dejaron en claro que había que acotar las audiencias en este y en cualquier otro caso de violencia de género”, aseguró el querellante José María Molina. “Estas situaciones no hacen otra cosa más que complicar la psiquis de la víctima”, sostuvo Agustina Lasquera, que también asiste a la joven.

Lohezic denunció que desde el 1 de enero de 2018 venía sufriendo el acoso de Ranieri, un joven al que nunca había conocido personalmente. El acusado primero comenzó a molestarla a través de las redes sociales y, después, personalmente. Sabía cada uno de sus movimientos y hasta llegó a presentarse en su casa.

Cansada de sufrir tanto hostigamiento denunció el caso en las redes sociales. Después de que se le otorgara una medida de protección y que se ordenara la detención del acusado, el fiscal Gerardo Salas logró imputarle el delito de lesiones leves a la salud mental, ya que el acoso no está tipificado como delito en nuestro país, El auxiliar Ezequiel Filmann pidió el 31 de julio que se le dictara la prisión preventiva como medida de protección. La jueza Eliana Gómez Moreira aceptó y le dictó la medida cautelar por 15 días.

El defensor del acusado, José Sánchez, pidió una nueva audiencia para solicitar que se le otorgue el arresto domiciliario, ya que el psiquiatra del Ministerio Público consideraba que en el lugar de detención no podía realizar un tratamiento acorde a su problema. La magistrada rechazó el 4 de agosto el planteo, por lo que el profesional decidió impugnar la resolución.

El 15 de agosto hubo una nueva audiencia. En esta oportunidad, para prorrogar la medida de su detención, ya que no habían finalizado las pericias que habían sido ordenadas. La magistrada aceptó porque reconoció que en la primera audiencia el representante del MPF le había solicitado 30 jornadas porque ese era el tiempo que estimaban que estarían listos todos los estudios y pericias que quedaban por realizarse.

Dos por una

El caso continuó tramitándose con dos audiencias realizadas ayer. La primera, que comenzó a las 10.30, el juez de impugnación Facundo Maggio rechazó el planteo de la defensa del acusado al considerar que la denegación de la magistrada interviniente era incuestionable y que se debía preservar el proceso y, fundamentalmente la seguridad de la víctima.

Pero este no fue un encuentro más. Por primera vez desde que se abrió el expediente, víctima y victimario estuvieron sentados frente a frente, pero no fue por mucho tiempo.

El acusado se descompuso al inicio de la audiencia. El magistrado interviniente ordenó que fuese atendido por profesionales de la salud. El médico que lo atendió informó a todas las partes que sólo estaba nervioso.

A las 14, se inició la segunda audiencia, en esta oportunidad, se hizo de manera virtual y la víctima participó con la cámara apagada. Este debate se desarrolló para prorrogar por segunda vez la prisión preventiva con el apoyo de la querella. “Tenemos que garantizar la seguridad de la víctima”, sostuvieron los acusadores cuando argumentaron el pedido.

El auxiliar Filmann informó que la junta médica que debe evaluar el estado de salud mental se realizaría dentro de 12 días y que se necesitaría al menos otros dos días para que elaboraran el informe correspondiente. El juez Pedro Tomas aceptó el pedido, ya que la defensa no se opuso y pidió a las partes mayor celeridad para cerrar el caso.

“Consideramos que la justicia está fallando acorde a derecho y está brindando respuestas a un hecho tan peligroso y delicado como el que se denuncia. Nuestra prioridad es llevarle tranquilidad a Milagro y a su familia. Estaremos atentos con las novedades que puedan surgir en los próximos días para saber cómo actuar”, finalizó Molina.